Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción.

Fecha: 2024-12-19


Guardia Civil y Agencia Tributaria, con el apoyo de Europol, han llevado a cabo una investigación en el marco de un procedimiento de Fiscalía Europea, cuya principal finalidad ha sido la desarticulación de una organización criminal que vendría eludiendo el pago de derechos antidumping desde finales de 2020.

La operación policial, denominada “Bauxita”, se inició por un encargo directo de la Fiscalía Europea a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Los hechos fueron inicialmente detectados y reportados por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), a lo que se sumó la denuncia de una empresa del sector ante la Agencia Estatal de Administración Tributaria, lo que propició que Vigilancia Aduanera realizara una primera cuantificación del fraude en unos 3,3 millones de euros, durante los ejercicios fiscales del 2021 al 2024.

¿Qué es el antidumping?
Los derechos antidumping son aranceles que se establecen con la finalidad de proteger la industria de la Unión Europea de prácticas desleales y abusivas, aplicables a mercancías procedentes de terceros países. En esta ocasión, la mercancía procedía concretamente de China, país para el que se establecieron una serie de aranceles a la importación de dicha mercancía, en este caso concreto, de hojas de aluminio.

De manera paralela, ante el establecimiento de estos gravámenes en las importaciones, los investigados habrían establecido prácticas u operativas delictivas encaminadas a sortear el pago de los mismos. En este sentido, el modus operandi utilizado por la organización para perfeccionar el fraude consistía en declarar como país de origen de la mercancía, otro distinto a China que no estuviera sujeto a este tipo de aranceles, en este caso, Emiratos Árabes Unidos, Dubái.

Estructura y funcionamiento de la organización criminal
Esta organización utilizaba un entramado societario controlado íntegramente por las personas investigadas, y que estaba compuesto, fundamentalmente, por mercantiles españolas y dubaitíes, con las que importaban a España hojas de aluminio, sujetas a los mencionados aranceles, declarando Emiratos Árabes Unidos como país de origen, pero siendo China el país de origen real donde se fabricaban y desde donde se exportaban las bobinas de papel de aluminio.

Las sociedades dubaitíes, aun no teniendo capacidad real de producción, eran capaces incluso de conseguir de la Cámara de Comercio de Emiratos las certificaciones y autorizaciones necesarias para simular que el origen de la mercancía era Dubái, eliminando así cualquier rastro que indicase su procedencia china. En alguna ocasión, se añadía otro eslabón en la cadena de transporte, motivo por el que se ha detectado la implicación de una sociedad portuguesa.

Por su parte, las empresas españolas implicadas en el fraude están situadas en su mayoría en la provincia de Valencia, donde reside el núcleo principal de la organización. Los investigados modificaron a lo largo de los años la estructura societaria instrumental para conseguir un mayor grado de opacidad de las presuntas importaciones irregulares.

El volumen de importaciones afectado es tan elevado que, en relación con todo el papel de aluminio que tiene entrada en la Unión Europea procedente de Emiratos Árabes Unidos, suponen en torno al 84% del total.

Actuaciones y resultados
El 12 de diciembre de 2024, con autorización del Juzgado Central de Instrucción nº3 de la Audiencia Nacional (Juzgado de Garantías en este Procedimiento de Fiscalía Europea), se realizaron diferentes diligencias en la provincia de Valencia desarrolladas por miembros de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, acompañados de personal de Vigilancia Aduanera (AEAT) y de EUROPOL, que desplazó una oficina móvil y un experto nacional a España.

Durante las entradas y registros se intervino un gran volumen de documentación, numerosos dispositivos informáticos, un total de 1.950.000 euros en efectivo, dos vehículos de alta gama y tres obras de arte de alto valor, cuyo precio preliminarmente estimado ascendería a unos 500.000 euros. Al mismo tiempo se han bloqueado una gran cantidad de bienes muebles e inmuebles propiedad de las personas físicas y jurídicas investigadas. Los detenidos fueron presentados ante los Fiscales Delegados Europeos.

Fuente : Prensa Guardia Civil